Llegados a este punto de la legislatura, el Gobierno parece haber tirado la toalla. O al menos eso es lo que se transmite cuando el secretario de organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dice en un desayuno informativo que podría ser posible un superdomingo electoral el próximo 26 de mayo incluyendo elecciones municipales, autonómicas, nacionales y europeas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha desautorizado a su ministro, aunque se ha encargado de recordar que la prerrogativa de convocar elecciones le corresponde a él, y solo a él. Lo cual es una obviedad.

En efecto, será Sánchez quien convoque, pero es evidente que se ha instalado ya en la política española el clima electoral, y no sólo porque estemos inmersos en plena campaña de las elecciones andaluzas, sino porque parece ya más que evidente que el Gobierno ha tirado la toalla en lo que a la aprobación de los Presupuestos se refiere, y la opción de gobernar a golpe de decreto, como yo recordaba la semana pasada, no deja de ser una anomalía democrática por muy legítima que sea. Y es que esto no es una cuestión de afinidades ideológicas: es una cuestión de matemática parlamentaria. Cuando en junio Pedro Sánchez ganó la moción de censura ya fuimos bastantes los que dijimos que si gobernar con 137 escaños era difícil, hacerlo con 84 se convertía en casi imposible.

Pero lo cierto es que, como también dije la semana pasada, Sánchez contaba a su favor con el rechazo que suscita el PP en el resto de las formaciones políticas, y eso le ha permitido aguantar unos meses. Sin embargo, el cheque en blanco que le dieron en la moción de censura se ha acabado, y el Gobierno no puede sacar adelante la ley más importante, la de Presupuestos, y aunque existe la posibilidad de la prórroga, una vez que Sánchez se ve obligado a gobernar con unas cuentas que no son las suyas, sino heredadas de Mariano Rajoy, no tiene mucho sentido alargar la legislatura artificialmente.

Además, España necesita que se convoquen elecciones, porque pese a la buena voluntad del Gobierno, que nadie se la niega, lo cierto es que los principales problemas del país, lejos de solucionarse, parecen haberse estancado y enquistado en el tiempo. Principalmente el asunto de Cataluña. Es necesario que en Madrid haya un Gobierno fuertemente respaldado por las urnas para abrir un periodo de reflexión y consulta y avanzar en el proceso de reformas necesario para dar respuesta al problema catalán.

Y la principal de esas reformas afecta a la Constitución Española. No se puede llevar adelante con un Gobierno tan débil como este. Hace falta abrir un periodo de negociación entre todas las fuerzas políticas para poder llevar a cabo esa reforma, y eso requiere una mayoría parlamentaria suficiente. Pero no solo por el asunto catalán:

el país requiere de otro tipo de reformas que le permitan afrontar los retos de los próximos años y superar el grave desequilibrio social que ha provocado la crisis económica. El Gobierno de Sánchez ha avanzado algunas propuestas hechas con cierta improvisación y sin el suficiente respaldo social, como por ejemplo la prohibición de la venta de coches de combustible en 2040.

No es una mala propuesta, pero requiere de un mayor consenso. Las elecciones permitirán, por tanto, que un Gobierno legitimado por las urnas avance en esos desafíos, y superemos de una vez por todas esta etapa de crispación y enredo político sin precedentes que llevamos viviendo en los últimos tres años.