El Gobierno pretende prohibir la venta de vehículos de combustión para el año 2040, una iniciativa que ha levantado las críticas de los empresarios del sector.

Teniendo en cuenta que esta actividad genera un 11% del PIB y emplea al 9% de la población activa, los cambios que introduciría esta nueva ley afectarían a una gran parte de los empleados españoles.

Ante este anuncio, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, mostró el apoyo de la patronal al sector del automóvil y recordó que esta actividad «emplea a casi tres millones de personas entre empleos directos e indirectos».

Esta norma se trata de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha anunciado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, una novedad legislativa que viene sin un plan para incentivar el coche eléctrico ni con más ayudas para el sector.

Esta situación choca con la importancia que el sector del automóvil tiene dentro de la economía española.

Emplea al 9% de la población activa, es el 11% del PIB, el segundo productor de vehículos de Europa (2.291.000 vehículos en 2017) y el séptimo del mundo, y exporta el 84% de los coches que produce.

Según los empresarios, el empleo en este sector podría reducirse entre un 11 y un 18%, es decir, que afectaría directamente a medio millón de ocupados.

Además, el peso de esta actividad en el PIB puede caer desde el 11% hasta el 3% y las ventas ya han caído un 22,4% desde el anuncio de esta nueva medida.

 «Se está provocando un clima negativo en torno al automóvil y eso está creando una caída estructural del mercado», han explicado desde Faconauto.

Los empresarios han considerado este plan para lograr la descarbonización del transporte «excesivo en sus objetivos y acelerado en sus plazos».

Las asociaciones Anfac, Sernauto, Ganvam, Faconauto y Aniacam expresaron, en una carta abierta, que «la automoción española está plenamente comprometida con la descarbonización del transporte y la movilidad con cero y bajas emisiones, pero pedimos que no se ataque a ninguna tecnología ni se genere una incertidumbre innecesaria en la ciudadanía».

En concreto, los empresarios piden que esta transición energética sea «ordenada, justa y rentable, desde un punto de vista social y económico», en palabras del vicepresidente de Anfac, Mario Armero.

«Los pasos que está adoptando el Gobierno en materia de automoción pueden tener un impacto laboral negativo», ha remachado Armero.

Con esta medida, el Gobierno de Sánchez busca estar a la vanguardia de la transición energética europea, ya que la UE pide unas menores exigencias en reducción de CO2.

De hecho, si la medida se compara con las prohibiciones establecidas en Reino Unido y en Francia, que prohíben la venta en fechas similares de los vehículos de combustión, se ve que en el resto de países se está ayudando al sector.

En Reino Unido, han aprobado un plan estructural de apoyo a la compra de vehículos alternativos y de gestión de infraestructuras de recarga de 1.500 millones de libras.

Como Alemania, que aprobó a finales de 2017 un plan dotado con 1.000 millones de euros.

España solo ha dedicado 74,5 millones de euros a estos planes de transición energética en cinco años y, en el último, no ha aprobado ningún programa de ayudas.

Actualmente, en España solo el 1% del parque automovilístico es de vehículos eléctricos y tampoco existe producción nueva de este tipo de automóviles que deberían llegar al 100% del parque para 2040.

Algunas patronales mantuvieron hace dos semanas una reunión con el ministerio de Industria y el de Transición Ecológica que, aunque valoraron como positiva, todavía es una primera aproximación.

El Gobierno se ha comprometido a aumentar la inversión pública en este sentido.

Sin embargo, el aumento de esta partida dependerá de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, cuya tramitación está por ahora parada.

Si no se aprueban nuevas inversiones, se prorrogará la partida de los anteriores Presupuestos, un total de 66,6 millones que, según los empresarios del sector, no será suficiente para afrontar la transición energética.

Ganvam ha asegurado que el borrador de la Ley de cambio climático «demoniza» las tecnologías actuales de la industria del motor, sin aportar ninguna solución «en el corto, medio o largo plazo».

¿Qué medidas va a introducir el Ejecutivo?

Según el presidente del Gobierno, el sector de la automoción va a tener 20 años para realizar la transición ecológica del vehículo de combustión hacía uno de cero emisiones, ya que son «suficientes».

Para fomentar este cambio, el Gobierno quiere establecer un nuevo programa de ayudas a la movilidad basado en el uso de las energías alternativas.

Además, ha eliminado la figura del gestor de recarga y ha mantenido una tarifa eléctrica específica «con discriminación horaria para favorecer las recargas eléctricas en las horas supervalle», explicó Sánchez.

Por otro lado, el Ejecutivo quiere favorecer que los propietarios de viviendas con garaje tengan una mayor facilidad para instalar enchufes en sus plazas y que las edificaciones sean más autosuficientes en materia energética, aprovechando las energías renovables.

Aunque todas estas medidas todavía están en el aire.

Por esta razón, Sernauto ha pedido que «actúen con prudencia, conociendo y valorando en profundidad los diferentes aspectos, ya que hay muchos empleos e inversiones extranjeras en juego».

Una opinión que comparten las principales empresas del sector en España, como es el caso de Seat, cuyo director de movilidad sostenible, Antonio Calvo, pidió «un marco de actuación que permita mantener la competitividad al tiempo que sigamos siendo pioneros».

Enrique de Areba

Director Global Motor