Excusarse en que estas son las reglas del juego, y que hay que acatarlas, es una cobardía, señor Lesmes. Esa no es la explicación que esperan los ciudadanos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Es más, si el señor Lesmes tuviera un mínimo de sentido ético de su cargo, ya debería estar convocando un Pleno del Consejo del Poder Judicial para dar una explicación mínimamente razonable de lo que ha pasado y, sobre todo, de lo que se va a hacer a partir de ahora para recuperar el prestigio de un Tribunal que ahora mismo, a los ojos de los ciudadanos y a los de la Justicia europea, está por lo suelos.

Que de 28 magistrados 15 estuvieran a favor de una posición y 13 a favor de la contraria; que además esos 28 magistrados sean todos ellos expertos en la materia y sin embargo tuvieran una opinión tan radicalmente diferente; que el presidente de la Sala, Luis María Díez

– Picazo, cambiara totalmente de opinión y fuera el responsable de convocar un pleno en el que se acaba aprobando una resolución de conveniencia para la banca y para las haciendas locales, son razones más que suficientes para que en la opinión pública cunda, primero, la estupefacción y, segundo, un creciente malestar por no decir una palabra más gruesa.

No es la primera vez que Lesmes están en el ojo del huracán, en el punto de mira de las críticas a las resoluciones del Supremo, y que esto ocurra a las puertas de un juicio tan trascendental como el que se va a producir a la vuelta de las Navidades contra los 18 imputados por un delito de rebelión muy discutido y discutible, pues no ayuda a que el prestigio del Supremo sea el que debería ser para un tribunal de esa naturaleza. La actuación de los 28 magistrados de la Sala Tercera del Supremo ha sido deplorable, repito, DE-PLO-RA-BLE.

¿Cómo se le puede pedir a la ciudadanía que confíe en la independencia y en la solvencia del Poder Judicial, si quienes representan la máxima instancia judicial de nuestro país son incapaces de ponerse de acuerdo en un asunto de semejante trascendencia? Carlos Lesmes reconoció el pasado 25 de octubre que la gestión de este asunto estaba siendo deficiente. Y pidió perdón. Será muy difícil que lo obtenga cuando, pese a la enorme responsabilidad que recaía sobre la Sala Tercera, el resultado ha sido una quiebra de la cohesión de sus criterios interpretativos de una norma fiscal. Lo sucedido no es entendible y cuando los ciudadanos no pueden entender, tampoco perdonan.

Tampoco los responsables políticos pueden ahora rasgarse las vestiduras y echarse las manos a la cabeza… Como ayer nos contaba en este programa la diputada de En Comú Podem y portavoz de Fomento del grupo Unidos Podemos, Lucía Martín, el Congreso lleva tiempo debatiendo una reforma de la Ley Hipotecaria en la que su grupo ya había propuesto una modificación para que el impuesto de actos jurídicos documentados lo dejara de pagar el cliente y recayera sobre la entidad financiera…

¿Ustedes lo sabían? Yo no, y me temo que la mayoría de los ciudadanos tampoco, pero la pregunta no puede esquivarse: ¿Por qué se está tardando tanto en avanzar en esa reforma con la que se pretende aumentar las medidas de protección del consumidor, tal y como se nos pide desde la Unión Europea? ¿Por qué los partidos mayoritarios, PP y PSOE, tienen bloqueada esa comisión impidiendo avanzar en esa dirección? Ahora el Gobierno se saca un real decreto de la manga, cuando el asunto ya no tiene solución salvo que la Justicia Europea obligue a la española a cambiar de criterio, cosa que es bastante probable… Pero la decisión del Gobierno no deja de ser oportunista.

Aún así, bienvenida sea.