En tan solo unos días el juez Marchena ha pasado de villano a héroe, de ser denostado a ser aplaudido. Y en medio de ese tránsito, un desafortunado whatsapp enviado por el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, intencionadamente filtrado por alguno de sus compañeros de partido. Estos son los hechos. Las consecuencias: que el pacto alcanzado por el PSOE y el PP para repartirse los puestos de la renovación del Consejo General del Poder Judicial se ha ido, dicho coloquialmente, al garete.
¿Porqué? Pues básicamente porque en ese mensaje enviado por Cosidó a los senadores de su grupo se venía a reconocer bastante explícitamente que fruto de ese pacto el PP se iba a permitir el lujo de controlar a Sala Segunda del Tribunal Supremo, es decir, aquella en la que se juzga a los propio políticos aforados. Y el juez Marchena, que era quien ambos partidos habían acordado que presidiera el Consejo y, por lo tanto, el Tribunal Supremo en sustitución del controvertido Carlos Lesmes, al verse condicionado por una decisión política de semejante magnitud, en aras de su buen nombre y de su propio compromiso ético, hoy ha decidido renunciar a ese nombramiento.
Desde la clase política o, dicho de otro modo, de la vieja política, se intentó vender ese acuerdo como una necesidad constitucional. Y es cierto que la Constitución pone en manos del poder legislativo la elección del órgano de gobierno de los jueces. Pero que sea necesario que los partidos intervengan para garantizar la elección democrática de los jueces no justifica que esto se haga en base a cualquier tipo de acuerdo, sobre todo si ese acuerdo no se negocia de modo transparente. Permítanme que les lea lo que dice hoy el editorial de El País, y que suscribo de la ‘a’ a la ‘z’:
“El reciente pacto alcanzado por el Partido Socialista y el Popular ha incurrido en este último peligro, al confundir una negociación transparente entre grupos parlamentarios para decidir la composición del CGPJ con un oscuro apaño entre ejecutivas para promocionar a sus respectivos candidatos en diversas instancias de la justicia. El problema que suscita ese pacto no es consecuencia de ninguna deficiencia del sistema constitucional, sino de un mal uso impuesto durante los últimos años como consecuencia del intento de predeterminar desde los partidos las sentencias sobre los grandes escándalos de corrupción. Siendo esto así, no se puede olvidar que ese mal uso solo ha sido posible con la aquiescencia de los propios jueces y magistrados, que se han valido de él para afianzar sus carreras al calor de uno u otro partido.
Solo contando con la participación de jueces y magistrados, dos fuerzas políticas como el Partido Socialista y el Popular pueden estar tan seguras acerca de los futuros nombramientos en el Tribunal Supremo y en el CGPJ cuando los vocales de este último no han sido siquiera nombrados. Las reglas por las que se rige la justicia en España son ahora las mismas que durante los primeros años de vigencia de la Constitución, cuando se acreditó como un poder respetado y que hacía valer la independencia y la inamovilidad garantizadas por la Constitución. Si hoy ha dejado de ser así, no basta con señalar hacia fuera, sino que el retrato completo de la justicia exige mirar también hacia dentro”.
Foto Fuente: El Confidencial
