A veces tengo la duda de si realmente vivimos en un país libre y en un estado de derecho consolidado. Aparentemente, sí. Pero sin embargo a veces se dan situaciones que invitan a pensar lo contrario. Ayer, sin ir más lejos. En Alsasua, para ser más exactos. Y lo peor de todo es que quienes tienen la obligación de garantizar la libertad que se nos supone a todos los ciudadanos de este país para expresar libremente nuestras opiniones, resulta que en lugar de eso se convierten en palmeros de los radicales que emplean incluso la violencia para conseguir justo lo contrario.

Ya saben por donde voy, ¿verdad? El derecho de reunión, de manifestación, son derechos constitucionales. Y un partido político puede organizar los actos que le dé la gana, donde le dé la gana, y con el o los motivos que les dé la gana. Y los poderes públicos, las autoridades, están obligadas a proteger a los participantes de esos actos y garantizar su seguridad, porque vivimos, insisto, en un país libre y en un Estado de Derecho supuestamente consolidado.

El acto que ayer convocó Ciudadanos en Alsasua en apoyo a la Guardia Civil, puede ser criticable desde el punto de vista político, nadie dice lo contrario, pero quienes tienen la obligación de velar por la seguridad, no pueden hacer responsables de los altercados a los organizadores del acto, cuando es evidente que por parte de los radicales que utilizaron la violencia física y verbal lo que se pretendía era impedirlo. En ese sentido, las palabras del portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, culpabilizando a Ciudadanos de esos altercados por haber ido a Alsasua “a agitar el odio”, son extraordinariamente desafortunadas, y si a eso añadimos el reproche por no haber tenido que mirar debajo de sus coches, lo desafortunado cruza la línea de lo inmoral.

Si aceptamos esa máxima, ¿sólo el PP y el PSOE, que sufrieron el azote del terrorismo, están legitimados para enarbolar la bandera del patriotismo? Eso sería lo mismo que negarles el derecho a presentarse ante los ciudadanos defendiendo determinadas posiciones que estarían limitadas a los dos grandes partidos de este país, es decir, negarles la esencia de la democracia. Por supuesto que entre el PP, Ciudadanos y VOX parece que hay una especie de competición para ver quién es más patriota. Y por supuesto que es evidente que, sobre todo el PP, está agitando la crispación con el fin de crear un clima político que perjudique al Gobierno de Pedro Sánchez.

Pero eso no justifica en ningún caso que se produzca un ataque a la libertad de cualquier organización política para convocar un acto público, y en lugar de condenar los ataques a esa libertad, se condene al partido que convoca el acto. Ahí se ha equivocado el PSOE. Nadie dice que tenga que estar donde quiere llevarles desde Ciudadanos y el PP, pero tampoco pueden estar del lado de los radicales, porque eso es como estar del lado de los enemigos de la democracia y de los amigos de quienes ponían las bombas, esas mismas bombas por las que muchos socialistas tenían que mirar debajo de su coche.